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Mejorar el sistema de salud | | | Nota Líder: Autoritarismo, en nombre de la democracia | | Autoritarismo, en nombre de la democracia Es inconcebible que se busque imponer una ley de radiodifusión en nombre de una presunta vocación democrática, negando principios democráticos fundamentales. Llama sobremanera la atención la premura con que el Gobierno nacional impulsa la sanción de su proyecto de nueva ley de radiodifusión. Tal parece que plantea la cuestión como una carrera contra el tiempo. ¿Quién o qué puede inducir a este apresuramiento, tan incomprensible como inconveniente? Inconveniente porque, en la sociedad contemporánea, la comunicación audiovisual cumple una misión trascendental no sólo como vehículo de información y entretenimiento, sino también como instrumento de forja de una cultura. La regulación del empleo de esos medios debe realizarse con la mayor de las cautelas, si no se quiere afectar la libre expresión de las ideas. Un ordenamiento asfixiante sólo servirá para ponerlos al servicio de un pensamiento único. Se debe llegar a un régimen adaptado del mejor modo posible a la evolución de la cultura y la tecnología. Y ello sólo es posible hacerlo tras un análisis profundo, abierto, plural. Esto no puede ser obra de un par de semanas ni de un par de meses. Ni, menos aún, una voluntad impuesta sin más por la prepotencia del número. Mal puede elaborarse un régimen de comunicación audiovisual genuinamente democrático cuando su único basamento es esa prepotencia del número, que es efímero y que, luego de las elecciones de junio, ya no refleja las aspiraciones de la mayoría de la ciudadanía. Si se pretende un ordenamiento que promueva una genuina conciencia democrática, es lógico que la sociedad no sea excluida sino consultada, para que sus reflexiones fortalezcan nuestra endeble democracia. Afirmar que los foros condicionados, amañados, que organizó el Gobierno, reflejan la compleja sociedad actual es un ejercicio de ingenuidad, si no de hipocresía. ¿Conoce realmente la opinión pública que las licencias serán concedidas por sólo dos años (inclusive para medios que no utilizan ondas radioeléctricas, norma que no tiene antecedentes en el mundo), lo que influiría de modo negativo sobre la independencia de criterio, porque la libertad de expresión dependerá, cada bienio, de la mayor o menor lealtad con el gobierno en turno? ¿Sabe que el proyecto que se pretende sancionar contrarreloj faculta al Estado a intervenir en la administración de las emisoras y que la nueva autoridad de aplicación será manejada por el poder político? ¿Se ha dicho de manera clara que el texto oficial contiene aberraciones jurídicas, como la de arrasar con derechos adquiridos? ¿Cómo explicar las similitudes de este proyecto con la ley venezolana de medios, hecha votar por Hugo Chávez hace cinco años y que está conduciendo a un sistemático amordazamiento de la libre expresión, mientras se afirma que este raid legislativo tiene el objetivo de fortalecer la democracia? ¿Por qué se afirma que se busca derogar una ley de la dictadura, si la norma actual –que, en efecto, fue sancionada durante el proceso militar– tuvo 147 reformas en el período democrático? ¿Será porque no se puede decir que el objetivo es acallar voces críticas? Si se nos dice que se procura una ley de medios más democrática, ¿cómo se pretende hacerla sin respetar el principio democrático básico del debate de las ideas? Los seis años de ejercicio de un poder hegemónico parecen haber convencido al kirchnerismo de que debatir es confrontar, cuando en una sociedad política y culturalmente sana debatir es consensuar. En uno de sus frecuentes intentos por justificar lo injustificable, la Presidenta afirmó que el régimen vigente que se busca derogar consagra la "libertad de extorsión". Curiosamente, el proyecto tiene un potencial extorsivo aun más elevado. Extorsión para generar una red de medios adictos, en manos de amigos del poder. Si realmente el Gobierno busca ampliar la libertad de expresión, debe comenzar por tres sencillas acciones: primero, no forzar el tratamiento legislativo del proyecto sin que estén dadas las garantías para un debate abierto y genuino; segundo, y vinculado con la anterior, repudiar con energía las amenazas y agresiones directas que soportan periodistas y medios de prensa independientes (si es que puede repudiarse lo que se alienta desde el propio seno del poder); tercero, eliminar del texto propuesto todas las cláusulas que implican condicionamientos políticos o económicos a la prensa o que promueven el control de los contenidos por parte del Estado. El periodismo argentino tiene, por fortuna, una enorme variedad de voces. No es necesaria una tutela estatal, salvo que se busque acallar expresiones críticas. Lo que se requiere es un compromiso real de los poderes públicos de soportar cuestionamientos y aceptar el libre debate de ideas. Tras los superpoderes que restan control sobre el Ejecutivo, las maniobras de extorsión para comprar voluntades legislativas, la presión ejercida sobre los jueces por un Consejo de la Magistratura de mayoría oficialista y el debilitamiento del federalismo, el debate sobre la prensa puede ser la última frontera para preservar la democracia. Publicado en La Voz - Ver nota original
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| | | Esta edición ha sido preparada por: Federico Baez, Federico Fiorentino y Florencia Fiorentino Diseño: Ignacio Nelson de subwaydesign (www.subwaydesign.com.ar) www.aristotelizar.com - Semana 147
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