domingo, 5 de junio de 2011

El comité de bAsse

[EDITORIAL]

Para el economista y socialista ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, la Asociación de Servicios de Salud del Estado (ASSE) es una maravilla y al igual que el país de Alicia tiene sus personajes, que en este caso no son inofensivos y se llaman Mario Córdoba (su presidente) y Alfredo Silva (representante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública). Desde su óptica frenteamplista tal vez el ministro tenga razón.

ASSE maneja los hospitales, centros asistenciales y policlínicas de carácter público en todo el país. Se estima que atiende a un millón y medio de usuarios. ASSE se ha convertido en una especie de comité de base, donde ingresan los compañeros militantes y se desplaza a los que no lo son. ASSE es hoy un terreno arrasado por destituciones masivas (fueron removidos 14 directores de hospitales y 140 personas de la administración Vázquez), donde ahora florecen gremialistas en esos cargos, muchos con escasa formación, pero que gozan de la simpatía y el apoyo de ambos jerarcas.

También ASSE fue escenario de una dura batalla entre dos corrientes del MPP que enfrentó al director Córdoba con la titular del Hospital Saint Bois, Noris Menotti y que se zanjó con el triunfo del primero acompañado siempre por Silva y el otro director designado por el Poder Ejecutivo, el socialista -igual que el ministro- Ángel Peñaloza. En contra votaron el delegado de los usuarios, Wilfredo López y el representante del Partido Nacional, Alejandro Draper.

Esta alianza permitió prescindir de los servicios y la influencia de Menotti (ala dura del MPP, en franca oposición a la línea de los "rentados" que integra Córdoba) y dejó el campo libre de estorbos para los vencedores. Es que la Mesa Política del FA había instado a los dos representantes del Ejecutivo, Córdoba y Peñaloza, que en algún momento habían tenido diferencias, a votar juntos lo que determinó que en el Directorio de ASSE se constituyera una mayoría automática porque Peñaloza optó, desde ese momento, en allanarse a las directivas de Córdoba.

Si el asunto venía mal desde un principio, a partir de allí se precipitó. Se acentuó la consigna de que los cargos respondan a las lógicas políticas o sindicales, se afinaron los nombramientos teledirigidos de médicos u otros funcionarios, se desató la persecución por motivos políticos y se buscó copar los últimos reductos que eran manejados por personas idóneas, independientes de las directivas y compromisos de Córdoba y Silva. Como será, que hasta el personal jerárquico designado por Vázquez está en la lista de perseguidos, explícitamente anunciado por la Federación de Funcionarios que representa Silva en el directorio.

Y así se llega ahora al Instituto Nacional del Cáncer (INCA), un centro inaugurado a toda carrera por Vázquez en pleno período electoral (agosto de 2009), sin terminar y con enormes carencias, que además fue objeto de robos. Más allá de esa situación, del punto de vista funcional los problemas se sitúan a partir del nombramiento de Lilián Aristimuño como subdirectora y Andrea Valle como directora adjunta. Primero fue contra Carmen Vallejos, una funcionaria con 32 años de servicio, afín al Partido Nacional, que en 1999 mediante concurso de oposición y méritos accedió al cargo de directora administrativa del Instituto. Hace dos meses, sin expresión de causa, la cesaron y le redujeron su salario a un 30%. En su lugar fue designado, sin concurso alguno, un militante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública.

Hace unas semanas el director del INCA, Mario Varangot presentó su renuncia. Varangot, que había sido designado en el cargo por Tabaré Vázquez -creemos que era el único director sobreviviente de su administración-, en su nota de renuncia invoca motivos personales, pero se sabe de la existencia de numerosos informes a ASSE donde pone de manifiesto "el desconocimiento continuo y explícito de la línea de mando". Puede ser que se haya ido por las buenas, o puede ser que se haya ido nomás.

En definitiva, el ASSE de Mujica, de Olesker, de Córdoba y Silva está acusado de persecución política, que incluye gente de otros partidos y del propio Frente Amplio; clientelismo político y sindical, donde las designaciones son de emepepistas de la línea "rentada" o vienen de la mano de la FFSP; designación de gente no idónea o con escasa preparación en cargos jerárquicos. ¿ASSE es una maravilla?

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